Hoy trabajamos con un documento que demuestra que los viejos legajos conservan historias capaces de rivalizar con la mejor novela de intriga. El pleito de los Pineda de Ronda es una de ellas.
Todo comenzó con una anciana viuda de más de ochenta años, una de las mayores fortunas de la ciudad , desencadenó una batalla judicial que enfrentó a una familia de Ronda con una poderosa comunidad religiosa. Testamentos contradictorios, acusaciones de engaño, una misteriosa reclusión conventual, cuantiosas herencias, frailes señalados por sus propios compañeros y el testimonio decisivo de una esclava conforman los ingredientes de una historia tan sorprendente como real.
Tres siglos después, los documentos conservados en la Real Chancillería de Granada nos hablan de aquel enfrentamiento. Gracias a ellos podemos asomarnos a una sociedad muy distinta de la nuestra, donde los cargos públicos se heredaban, las fortunas familiares se vinculaban a la salvación del alma y los conventos ejercían una influencia que iba mucho más allá de lo espiritual.
Estas páginas no contienen una simple disputa por una herencia. Son el relato de una lucha por el poder, el honor familiar y el control de una fortuna que sacó a la luz algunas de las tensiones más profundas de la Ronda de comienzos del siglo XVIII.
Centrándonos en el texto vemos como a principios del siglo XVIII, en la ciudad de Ronda, se desató uno de los escándalos familiares y religiosos más sonados de la época. La disputa por la cuantiosa fortuna de Doña Leonor de Pineda, enfrentó en una encarnizada batalla legal a sus sobrinos y herederos legítimos, contra los Frailes Trinitarios Descalzos de la ciudad.
Este escrito no es la demanda inicial ni la sentencia definitiva del juez, es un Alegato de Bien Probado, como así se llamaba en su época.
En el año 1711, la casa de los Pineda en Ronda se encontraba en una encrucijada legal; al frente de la reclamación familiar, dos hermanos: Don Francisco y Doña María Baltasara, por el otro lado la orden religiosa ya nombrada.
Para el ojo moderno, la documentación de la época resulta difícil debido a la caligrafía apretada y las abreviaturas; los solícitos escribanos solían escribir el apellido reduciéndolo a un trazo rápido que parecía decir "Blas" o "Blasa". Sin embargo, la realidad nos dice que es un apellido ligado, el padre de los jóvenes era Don Bartolomé Baltasar de Pineda; este apellido compuesto es utilizado por la hidalguía andaluza para distinguir su rama familiar y así lo encontramos en distintos documentos en el archivo de la Real Chancillería de Granada.
El hijo varón heredó exactamente el mismo bloque: Don Francisco Baltasar de Pineda, pero nos encontramos en una época, que por extraño que nos parezca, existía el curioso fenómeno de la feminización del apellido; así lo vemos en el caso de la hermana revelando un modismo legal y social fascinante de los siglos XVII y XVIII, su apellido familiar era Baltasar, pero en todos los legajos oficiales aparecerá registrada como Doña María Baltasara de Pineda. No se trataba de un segundo nombre de pila, sino de la adaptación de su apellido noble al género femenino.
La tía de estos jóvenes, Doña Leonor de Pineda, era una anciana viuda de más de 83 años (bautizada en febrero de 1628). Al ser una familia acaudalada, poseían un valioso "oficio de regidor”, un cargo municipal que en aquella época se compraba, heredaba o concedía el Rey.
El "oficio de regidor" equivale a lo que hoy conocemos como concejal de un ayuntamiento, la gran diferencia es que hoy es un cargo público electo democráticamente, mientras que en los siglos XVI a XVIII era un bien patrimonial. En la actualidad, que una familia rica compre o herede un puesto en el gobierno se considera se consideraría nepotismo ya que coloca a familiares en puestos de poder por el simple hecho de serlo, sin valorar su mérito y por otro lado sería también corrupción o tráfico de influencias al utilizar el dinero como ariete para acceder a la toma de decisiones públicas.
Esta figura generaba una distorsión palmaria en el gobierno de la cuidad puesto que acarreaba un poder absoluto local ya que los regidores controlaban el abastecimiento de alimentos (carne, trigo), los impuestos locales, las obras públicas, la policía y los juicios menores, además creaban un conflicto de intereses, al ser familias de comerciantes, nobles o terratenientes, que a menudo legislaban para favorecer sus propios negocios en lugar de mirar por el bien de los ciudadanos todo ello unido a la falta de preparación puesto que no se requería ningún tipo de estudios ni experiencia para ser regidor; el único requisito real era tener el dinero para pagar el cargo generando un bloqueo del ascenso social por ser cargos perpetuos y hereditarios, las familias de la burguesía ascendente o las personas con grandes capacidades pero sin dinero tenían completamente cerrado el acceso al gobierno de su ciudad.
No cobraban del erario público, pero si disfrutaban de exenciones de impuestos, solía incluir el privilegio de no pagar ciertos impuestos locales o reales, lo que ya de por sí ahorraba mucho dinero a sus fortunas familiares; cobraban tasas directas por firmar documentos, conceder licencias comerciales, autorizar mercados o emitir permisos de construcción; acceso a negocios municipales. Tenían información privilegiada sobre qué tierras comunales se iban a vender o qué contratos públicos se iban a adjudicar, lo que permitía a sus familias ganar concursos y prestigio y contactos ya que el cargo les daba un estatus social enorme, permitiéndoles codearse con la alta nobleza y la Corona.
Tras conocer esta curiosa situación dentro de la familia, volvamos al pleito; en agosto de 1711, Doña Leonor redactó su testamento. En él, destinaba el usufructo de sus bienes a obras pías, vinculándolos a la imagen del Santísimo Señor de las Penas del convento de Religiosos Trinitarios Descalzos de Ronda. Esta donación a imágenes religiosas era una práctica muy común entre las élites para mantener el estatus social y espiritual de la casa. Sin embargo, la anciana se aseguró de dejar la propiedad de sus bienes y el resto de su herencia a sus amados sobrinos, Francisco y María Baltasara.
Sospechando que el entorno eclesiástico intentaría presionarla, Doña Leonor introdujo una cláusula de seguridad muy singular: estipuló que si en el futuro alguien intentaba revocar o mudar ese testamento, la modificación carecería de valor legal a menos que el encargado de hacerlo rezara las oraciones del Credo y la Salve a la letra (palabra por palabra) al margen del escrito.
La codicia no tardó en golpear las puertas de la casa de los Pineda. Apenas un mes después, el 25 de septiembre de 1711, cuatro frailes trinitarios se presentaron en la vivienda de la anciana. Aprovechando que se encontraba sola y la embaucaron diciéndole que su sobrino Don Bartolomé la iba a maltratar, la convencieron para que se pusiera el manto y casi sin ropa, más allá de lo que tenía puesto en ese momento, y escoltada por los religiosos, la introdujeron en un coche de caballos rumbo al convento femenino, mientras los propios frailes cerraban las puertas de su vivienda y se incautaban de las llaves. Aquella maniobra fue calificada por los herederos como un auténtico secuestro, y ella quedó ingresada en un convento.
Una vez recluida en el convento, y aprovechando su avanzada edad, los frailes le hicieron firmar una Donación Irrevocable de todos sus bienes a favor de la comunidad eclesiástica, despojando por completo a sus sobrinos. Para darle validez legal, los religiosos corrieron el mismo día ante la Justicia para que declarase "insinuada" la donación; un modismo jurídico de la época que significaba registrar y validar públicamente una donación de gran valor para que fuera irrevocable. Días después, la forzaron a tomar el hábito de monja de clausura ("tomar el claustro") y le cobraron una cuantiosa dote de 1000 ducados.
El engaño de los frailes funcionó por un tiempo, pero el peso de la culpa y la inminencia de la muerte cambiaron el rumbo de la historia. Justo un año después, en septiembre de 1712, Doña Leonor enfermó gravemente. Sabiendo que sus días terminaban, su conciencia no pudo soportar más aquella situación y ante un nuevo escribano, la anciana testificó que los frailes la habían engañado por completo: ella jamás tuvo la intención de hacer dueño de todo su caudal al convento. Explicó que los religiosos le habían hecho creer que firmaba un simple "poder facultativo" para que le administraran la hacienda, y que ella desconocía las fórmulas jurídicas que los escribanos ponían en los textos.
Doña Leonor falleció el 7 de septiembre de 1712. Inmediatamente, Don Francisco y Doña María Baltasara de Pineda iniciaron un feroz pleito civil contra el convento para recuperar el patrimonio de su linaje.
Para ganar la batalla legal, los jóvenes Pineda presentaron una probanza con 30 testigos. Entre ellos, la declaración más valiosa fue la de la esclava de Doña Leonor, quien relató con pelos y señales el día en que los frailes se llevaron a su señora en el coche de caballos y cerraron la casa con llave. El pleito destapó las tensiones entre las grandes familias nobles de Ronda y las órdenes religiosas.
El documento especifica detalladamente la composición de este grupo de personas para demostrar que pertenecían a diferentes estratos sociales y religiosos, otorgándole así un enorme peso a la demanda. El texto dice: “Estás partes hicieron su probanza con 30 testigos, siete de ellos religiosos de dicho convento del Señor San Juan de los Ángeles...”
El desglose exacto que hace el manuscrito de los 30 testigos es el siguiente:
7 religiosos, frailes del propio convento demandado (lo cual era un golpe demoledor para la defensa del convento, pues sus propios miembros testificaban detalles del suceso.
4 clérigos presbíteros, sacerdotes locales.
2 beneficiados, clérigos con cargo u oficio remunerado en las iglesias de Ronda.
1 clérigo diácono, Otro miembro del orden eclesiástico.
2 regidores, miembros del cabildo municipal ,lo que hoy equivaldría a concejales del Ayuntamiento.
2 jurados, oficiales públicos del concejo de la ciudad.
1 escribano, un notario de la época.
La esclava de Doña Leonor: Una pieza clave, ya que era la persona que vivía con ella y veía el día a día de la anciana.
Otros vecinos, hasta completar los 30.