HERMANDAD DE LA CARIDAD
La historia de la Hermandad de la Santa Caridad de Ronda no es una fría sucesión de legajos, sino una crónica viva de poder, resistencia y memoria escrita que transcurre a lo largo de casi dos siglos.
Para todos aquellos que nos gusta adentrarnos en el pasado de la ciudad, este expediente complejo revela cómo el orden en los documentos, la posesión física de los libros de cuentas, constituía el verdadero corazón del poder legal y económico en la España de los siglos XVIII y XIX.
El origen institucional y normativo de esta corporación se fijó el 12 de diciembre de 1687, cuando el Provisor Licenciado Don Juan de Mendieta y Cuenca, Juez Metropolitano, hace referencia al Arzobispado de Sevilla de dicha institución, este órgano hispalense ejercía como la sede metropolitana de la que dependía la Diócesis de Málaga y por ende, la ciudad.
Ronda pertenece a la Diócesis de Málaga desde la Reconquista hasta el día de hoy, por lo tanto ha formado parte del territorio administrado por el Obispado de Málaga pero quien aprueba y rubrica las ordenanzas es el Juez Metropolitano del Arzobispado, en el orden eclesiástico, "Metropolitano" significa que pertenecía a la Archidiócesis cabeza de la provincia eclesiástica (la archidiócesis de rango superior que supervisaba a las demás de la región) y la Diócesis de Málaga dependía de la Archidiócesis de Sevilla en lo relacionado con el tribunal supremo de apelación o de validación de reglas.
Desde este órgano superior y competente para ello se aprobaron sus Antiguas Constituciones.
El cuerpo legal y espiritual de la hermandad se arbitraba y sustentaba firmemente sobre sus siete constituciones fundamentales, las cuales regulaban con precisión milimétrica la vida de la corporación:
La primera constitución dictaba una orden tajante: la hermandad quedaba estrictamente limitada a un máximo de cuarenta hermanos recibidos y seis pretendientes en lista de espera. Esta severa restricción respondía a una amarga lección histórica, pues el documento justifica la medida en la mala experiencia y la escasa duración de otras cofradías de la región cuando su membresía crecía en exceso y sin control. Para asegurar el orden, el ingreso por fallecimiento y la regularización de la ofrenda obligatoria de cera común, cada nota de los pretendientes debía asentarse formalmente en un libro de tres libras de cera amarilla custodiado en el archivo.
La segunda constitución regulaba el riguroso sistema de elecciones de los cargos de gobierno, asegurando una renovación limpia de los oficiales que debían dirigir la institución sin perpetuarse en el poder.
La tercera constitución detallaba las obligaciones piadosas y de culto de la hermandad, centradas en sufragar misas de réquiem y organizar entierros dignos para los desamparados y desvalidos de la ciudad de Ronda.
La cuarta constitución establecía la obligatoriedad de la asistencia regular a las juntas y cabildos, imponiendo multas en cera o dinero a aquellos hermanos que faltaran a sus deberes corporativos sin causa plenamente justificada.
La quinta constitución organizaba el orden protocolario y procesional de la cofradía, definiendo el lugar exacto que cada oficial debía ocupar en los entierros portando los cirios de cera común.
La sexta constitución delimitaba minuciosamente las funciones del Mayordomo y del Tesorero, quienes debían asentar cada limosna, censo y gasto en libros perfectamente foliados para evitar desfalcos.
Finalmente, la séptima constitución blindaba la custodia de los caudales de la cofradía a través de la mítica "arca de las tres llaves", un cofre de seguridad que solo podía abrirse si confluían físicamente el Hermano Mayor, el Mayordomo y el Clavero, impidiendo que nadie pudiera disponer de los fondos de manera unilateral.
Con estas estrictas reglas, la cofradía acumuló durante décadas un inmenso patrimonio en censos, una especie de hipotecas históricas que los vecinos pagaban anualmente a la institución.
Sin embargo, el "músculo" económico de la corporación estuvo a punto de desaparecer para siempre debido a una flagrante violación de esta normativa interna que dio origen al célebre pleito de 1818. Rompiendo el mandato de transparencia y custodia corporativa, Don Agustín Gil de Atienza, antiguo Hermano Mayor, se marchó a su casa reteniendo ilegalmente los libros de cuentas, los fondos financieros, los enseres y la totalidad de los papeles del archivo cofrade. Sin esa documentación, la Hermandad quedaba jurídicamente indefensa, ignorando quiénes eran sus deudores y qué fincas le pertenecían. Ante este secuestro documental, el nuevo mayordomo y Caballero Regidor, Don Francisco Pedro Tordesillas, acudió de urgencia ante la máxima autoridad civil: el Corregidor de la ciudad de Ronda, Don José Gregorio de Aragón.
El Corregidor actuó con mano de hierro. Mediante un riguroso Auto de Apremio dictado el 16 de diciembre de 1818, otorgó a Atienza un término perentorio e improrrogable de veinticuatro horas para poner a disposición del juzgado todos los efectos de la Santa Caridad, bajo el apercibimiento de proceder en su contra con todo el rigor del derecho. Al día siguiente, el 17 de diciembre, el Escribano Público Don Rafael Granador notificó formalmente al demandado en su persona; acorralado por la justicia, Atienza se dio por enterado y consintió en ordenar los libros de manera inmediata para su entrega definitiva al Tesorero receptor de la Hermandad, el Doctor Don Pablo Velasco.
Gracias a este rescate forzoso, la Hermandad pudo recuperar el catastro de censos activos y desplegar al escribano Josef Granados en un minucioso recorrido «casa por casa» por las calles de Ronda para ejecutar el cobro de los réditos atrasados, imponiendo plazos de apercibimiento de "segundo día" o 48 horas bajo mandamiento judicial.
El legajo detalla con precisión fotográfica este periplo de notificaciones personales: el 9 de diciembre de 1818, el escribano acudió a las viviendas de Don Alonso Horrillo y de Antonio Carrasco. Ese mismo día se trasladó a los hogares de José Merino, como uno de los herederos de Don Juan Damián Oviedo, de Don Cristóbal Ramos y de los herederos de Miguel Soto.
Días más tarde, el 13 de diciembre, la ruta continuó en la casa de Juan Palomo, apoderado de los herederos de Antonio Morgado.
Acto seguido, el escribano se dirigió al Convento de Trinitarios Calzados, notificando directamente en el presbiterio al Padre ministro, quien manifestó quedar enterado del mandato de pago.
El recorrido finalizó visitando a la viuda de Don Francisco Madrid, en manos de Don Manuel García y la residencia de Don Juan Cabrera, heredero y hermano de Don Jacinto Cabrera, completando así el mapa de los deudores de la institución.
Toda esta titánica labor de rescate documental cobró su verdadero sentido histórico treinta años después, en la primavera de 1847, cuando estalló la gran crisis de la cofradía. El tejado principal de su sede, la Iglesia de San Bartolomé o de la Caridad, se había desplomado por completo debido a la absoluta falta de reparaciones, provocando que las inclemencias del tiempo destruyeran de forma masiva e irreparable el pavimento de la nave central. Una década antes, en 1837, la Junta Municipal de Beneficencia de Ronda había absorbido la totalidad de los bienes y rentas de la corporación bajo la condición jurídica y la obligación legal estricta de hacer frente a todas sus cargas religiosas y de mantenimiento. Sin embargo, al solicitar el auxilio económico, la Junta de Beneficencia denegó la ayuda escudándose en una supuesta "falta de facultades" y escasez de fondos.
Frente a esta parálisis administrativa, el Hermano Mayor, Don José María Cubresa y Sánchez, elevó una enérgica instancia formal ante el Señor Jefe Superior Político de la provincia para exigir un reconocimiento pericial técnico a cargo del Alarife o arquitecto municipal. El golpe maestro de la Hermandad consistió en aplicar la técnica del "expediente complejo": tomaron el viejo pleito de 1818 y lo cosieron físicamente al nuevo legajo de la techumbre de 1847. Con esta maniobra, la cofradía demostraba con pruebas matemáticas al Gobierno Civil que la Junta de Beneficencia sí disponía de recursos, pues estaba cobrando las rentas de aquellos deudores históricos recuperados en 1818, y por tanto, tenía la obligación ineludible de pagar la obra.
Este brillante círculo argumental estuvo unido, además, por un fascinante hilo conductor humano: el "factor Tordesillas". Si en 1818 el defensor de los papeles de la cofradía había sido el regidor Francisco Pedro Tordesillas, en 1847 el encargado de certificar oficialmente el conflicto fue el Licenciado Francisco de S. Tordesillas, Secretario del Ilustre Ayuntamiento de Ronda. El 9 de abril de 1847, el Secretario Tordesillas firmó el decreto que daba fe de lo acordado en el cabildo municipal celebrado expresamente el 7 de abril, donde la corporación local aprobó por unanimidad derivar la instancia a la Comisión de Obras y a la Junta de Beneficencia para la dotación urgente de los fondos. Así, utilizando el archivo rescatado por su propio acervo como un arma legal perfecta, los letrados de Ronda demostraron que la memoria escrita es el instrumento más poderoso para defender la justicia y el patrimonio de una ciudad frente al abandono del tiempo y las instituciones.